Congreso Nacional aprueba Ley de Reactivación Económica para blindar finanzas del Estado y garantizar derechos laborales.

Tegucigalpa, 26-02-26.

El Congreso Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una normativa que, según sus impulsores, busca fortalecer las finanzas públicas, optimizar el funcionamiento del Estado y generar condiciones para la estabilidad económica del país.

El diputado Mario Pérez , presidente de la Comisión especial que dictamino la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, manifestó que la ley contempla mecanismos para “ordenar el pago de las demandas que se pierdan para que no se embargue la cuenta única del Estado, sino que el pago se haga con un procedimiento y planificación”. Explicó que esta disposición permitirá evitar afectaciones directas a las finanzas públicas y garantizar una programación responsable de los recursos.

De igual manera, la normativa incorpora la figura de la conciliación como herramienta para reducir litigios y costos judiciales. Pérez detalló que se otorgan facultades al Procurador General de la República para que, cuando determine que una demanda podría perderse, pueda llegar a un acuerdo con el demandante. Este proceso, señaló, será supervisado por la Secretaría de Finanzas, el juez que conoce el caso y el Congreso Nacional (CN), con el objetivo de “ahorrarle dinero al Estado”.

Otro de los puntos relevantes de la ley es la reducción de instituciones estatales y la disminución del personal supernumerario que fue nombrado fuera del marco legal y sin concurso. “Esos acuerdos tendrán que ser anulados o cancelados”, afirmó el legislador, al señalar que se busca corregir irregularidades en contrataciones realizadas en administraciones anteriores.

Al ser consultado sobre el respeto a los derechos laborales, Pérez enfatizó que todo empleado que sea despedido deberá recibir el pago completo de sus prestaciones y derechos adquiridos. “El empleado que se despida tiene que irse con todos sus derechos laborales”, subrayó, y cuestionó que en el pasado —durante la administración del partido Libertad y Refundación (LIBRE)— se realizaron despidos sin cumplir con las obligaciones legales, lo que provocó un aumento de demandas que actualmente impactan las finanzas estatales.